MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Por Arturo Méndez

Luego de minimizar e ignorar los hechos, desde el régimen ahora tratan de poner paños fríos implementando una política de control de daños y unidad nacional, preocupados porque la situación no se salga de control.

A esto responden las declaraciones de Peña Nieto en el sentido de que no hay espacio para la impunidad, así como la conformación de comisiones especiales en las cámaras del Congreso de la Unión y el Congreso de Guerrero, el Comité de Atención Integral de Víctimas y el Plan Integral de Reparación del Daño de las Víctimas de Iguala. Todo urdido por los mismos gobiernos y partidos responsables de la impunidad, la asociación del Estado con el narco, el abandono de las normales públicas y la criminalización de los normalistas, la juventud y la protesta social.

Al mismo tiempo, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han manifestado en contra de la salida de Ángel Aguirre del gobierno de Guerrero, y aunque éste, acorralado, ha propuesto que los guerrerenses decidan en una consulta de revocación de mandato, lo cierto es que a ninguno de estos partidos le conviene la caída de un gobernador como producto de un reclamo popular.

A su vez Chuayffett, el nefasto secretario de educación pública ligado a la masacre de Acteal, luego de días de silencio salió a decir que para el próximo año habrá más presupuesto para las normales y nuevos planes de estudio, eso sí, para que los futuros maestros sean más competitivos.

Pero el control de daños viene acompañado de una política de fortalecimiento del Estado y particularmente de su aparato represivo, previniendo que el fenómeno democrático en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa y sus familiares pueda catalizar el descontento de sectores más amplios frente a la profundización de la miseria y la antidemocracia.

Los policías municipales de Iguala están siendo enviados a la sexta región militar en Tlaxcala para ser certificados por el ejército, el mismo ejército que sometió a los normalistas de Ayotzinapa luego del ataque policiaco-paramilitar en Iguala, que perpetró la masacre de Tlatlaya y que en la guerra contra el narco es responsable de decenas de miles de muertos y desaparecidos en el país.

Mancera, el policía represor que gobierna el Distrito Federal, ha dicho que su gobierno se suma a la indignación nacional, al tiempo que anunciaba el fortalecimiento del operativo Escudo Ciudad de México.
Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) –con Ángel Aguirre ausente– se emitió un pronunciamiento de solidaridad con los habitantes de Guerrero, pero no sin antes discutir la necesidad de encontrar “el modelo policial más eficiente”.
Mientras, Iguala se mantiene militarizado con patrullajes y retenes del ejército, la marina, las policías federal, estatal, ministerial y la gendarmería, aumentando la tensión y la zozobra de la población.

Las presiones por arriba

En el fondo, la principal preocupación de Peña Nieto es que las “grandes oportunidades de inversión” abiertas con sus reformas estructurales no se vean opacadas por el escándalo nacional e internacional por la masacre de Iguala. De ahí las acciones diplomáticas emprendidas por su gobierno y las desafortunadas declaraciones de José Antonio Meade, secretario de relaciones exteriores, de que la estrategia de seguridad “está funcionando para abatir los niveles de violencia en el país”.

El gobierno de Estados Unidos y la OEA ya reclaman un esclarecimiento de los hechos, la Unión Europea y legisladores del Grupo Latinoamericano y del Caribe han expresado su condena y 23 integrantes del parlamento europeo han planteado no avanzar con los acuerdos comerciales en tanto no se mejore significativamente la situación de los derechos humanos en México.
Por su parte, los empresarios de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial se lamentan del “desánimo económico” en Guerrero y se dicen preocupados por los hechos en Iguala, pidiendo una mejor preparación de la policía y la actuación eficaz del Estado mexicano.

¡Ayotzinapa vive!

Con el pasar de los días, Guerrero se está convirtiendo en un polvorín, como lo muestran las movilizaciones que no cesan en diversos municipios, el paro de labores de la Ceteg desde el 9 de octubre y el incendio del Palacio de Gobierno en Chilpancingo por normalistas y maestros el lunes 13.

Junto a ello, sigue en aumento la solidaridad con Ayotzinapa por parte de los estudiantes en lucha del Instituto Politécnico Nacional, que han incluido entre sus demandas el esclarecimiento de los asesinatos y las desapariciones; el paro en solidaridad de los estudiantes de la UNAM; y de normalistas, que se han movilizado y parado en el DF y en estados como Aguascalientes y Oaxaca, mientras en Michoacán han tomado 21 camiones para trasladarse a Ayotzinapa; además de los pronunciamientos y llamados a la movilización de numerosas organizaciones.

Como vienen haciendo los familiares y compañeros de las víctimas, es necesario no depositar ninguna confianza en las autoridades, los partidos y las instituciones de este régimen represor y asesino. Como díjo el normalista de Ayotzinapa Omar García “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar.”