La privatización impuesta a través de la “salud universal”

04 Sep 2015   |   comentários

La privatización impuesta a través de la “salud universal”

La llamada “salud universal” se impone, existe un cierre de filas de los principales funcionarios del régimen ligados a la salud para actuar contra los trabajadores. Ya “celebran” la nueva rapiña al sector, el mayor despojo de seguridad social.

Sandra Romero

Las últimas dos décadas miles de servicios del sector salud fueron subrogados a empresas privadas, por medio de licitaciones otorgadas a conveniencia o directamente por compadrazgo que involucran miles de millones de pesos del presupuesto público proveniente del sector salud.

A partir de este avance en la privatización, se impulsa la llamada “salud universal”, la nueva cara de la privatización del sector. En 2006 fue la “pensión universal”: decían que buscaba una “vejez digna para todos”, pero nunca funcionó, fue un engaño encubierto en millonarias campañas que abrió el camino a la banca privada para la administración y goce del dinero de las jubilaciones de millones de trabajadores.

Ahora, la iniciativa de reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución, promovida por Enrique Peña Nieto, pretende modificar el Consejo de Salubridad General a beneficio de la iniciativa privada. El gobierno pretende legitimar el despojo del derecho a la salud y contrario a lo que su nombre indica, la “salud universal” no tiene nada que ver con dar servicio de salud a toda la población sin restricción.

Al contrario, es la reforma privatizadora más fuerte contra el sector salud, que ha iniciado a pesar de las ambigüedades legislativas.

Así lo confirma la reunión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 21 de junio, en su oficio 09 9001 600 000 de finanzas, donde acuerda que empresas privadas puedan involucrarse en la gestión hospitalaria, en sustitución de las obligaciones del Estado y con recursos públicos.

Al mismo tiempo se firmó un contrato de asociación privada con el gobierno, para la construcción de cuatro hospitales y operación a través de aseguradoras. Como denunciaron los trabajadores del sector en la movilización del 21 de agosto frente a las oficinas de la Secretaría de Salud. Como este muchos otros planes privados están en camino.

Salud costosa a beneficio de grandes empresas

“La intención es garantizar que en ciertas enfermedades un paciente se atienda en el hospital que le convenga, sin importar bajo qué esquema de seguridad social cotiza”, declara Eduardo González Pier, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

A partir del 24 de julio, en Chihuahua, los derechohabientes del IMSS ya son canalizados a diferentes institutos estatales de rehabilitación, hospitales y consultorios ajenos al Instituto. Mientras el gobernador de Chihuahua se vanagloria de ser el primero en implementar el “servicio universal” de salud.

Así, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, los directivos de las instituciones de salud y Peña, además de mantener en promoción los institutos para los servicios subrogados, abren el camino a empresas aseguradoras en nuevas áreas de pensiones y prestaciones, seguros de maternidad, riesgo de trabajo, de invalidez y vida, terapia y rehabilitación y otros.

Crear un “sistema único de seguridad social” permite al gobierno administrar los recursos estatales de la salud a conveniencia, en función de la competencia de las aseguradoras, que serían las nuevas “administradoras” de los servicios.

Los trabajadores en lucha han denunciado esta forma de privatización acelerada y parte de la entrega de los servicios de salud a una diversidad de empresas y el desmantelamiento de la seguridad social.

Necesariamente tendrían que avanzar en un nuevo esquema de “cotización de enfermedades”, muy conocido en los servicios privados de salud. Por ello el gobierno habla de que el trabajador “podrá elegir” dónde atenderse, sin importar a que instituto cotice. Pues serán las empresas aseguradoras las que dispondrán de las cotizaciones del derechohabiente o lo que le corresponda por cada enfermedad.

Esta forma de “administrar” la salud de los mexicanos también contempla mantener la explotación laboral de los trabajadores del sector. Ahora nada obligará al gobierno a contratar más trabajadores, si el paciente puede transferirse a otro centro hospitalario y mantener los ritmos de explotación acelerada que hoy vemos en los trabajadores de todos los institutos.

Para avanzar en este ataque e imponerlo en los hechos a nivel nacional, el gobierno mantiene un ataque laboral a los trabajadores del sector, buscando quebrar toda disidencia para imponer sus planes. Las miles de sanciones sindicales en los derechos políticos que ya existen por la alianza del gobierno con las direcciones sindicales entreguistas son un factor determinante, pero no definitivo.

Los trabajadores del sector salud, que han dado los primeros pasos en la lucha, denunciaron este ataque y se movilizaron recientemente en varios estados del país, son una fuerza fundamental para frenar estos planes.

Asimismo es clave la unidad de los trabajadores del sector salud con los trabajadores de todo el país, con los derechohabientes e iniciar un movimiento nacional contra las reformas que privatizan al sector.









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