MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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La ley de amparo y un presidencialismo autoritario

Por Mario Caballero

Las modificaciones al artículo 129 (fracciones XI y XIII) que eliminan la figura de la “suspensión del acto reclamado”, que en teoría quitan la posibilidad a cualquier grupo económico, social o a individuos, de evadir mediante amparos cualquier disposición del estado o un “acto de gobierno”, ha abierto una discusión política sobre el supuesto carácter “antimonopólico” e “imparcial” de esta reforma, misma que provocó el rechazo de sectores de la patronal como la Coparmex. Y en el que coinciden Televisa, TV Azteca, la Coparmex y diputados del PRD y el PT, aunque con argumentos diferentes.

La aprobación en lo general del decreto de esta reforma en la Cámara de Diputados el martes 12 de febrero (con 360 votos a favor, 70 en contra y tres abstenciones), plantea varias contradicciones que son una trampa para legitimar medidas constitucionales que dan mucho poder a la presidencia, y más concretamente, a Peña Nieto durante todo su sexenio.

En primer lugar, la reforma obedece a la necesidad del PRI de recuperar parte del poder visiblemente cedido a los grupos económicos (desde C. Salinas hasta la actualidad), y que hoy ostentan su fuerza ante el estado, mostrando un sometimiento de la federación a los “poderes fácticos” como Televisa, no es para acabar con los monopolios ni para favorecer a los sectores afectados por esos grupos económicos (los concesionarios de las telecomunicaciones, radio y televisión, hidrocarburos, minería, tratamiento de aguas, recolección de basura, etc.) que opinan que la reforma al artículo 129 es “atentatoria contra desarrollo económico del país”.

Más concretamente, obedece a un necesario fortalecimiento del poder estatal para ejercer la rectoría en rubros varios de la economía con una libertad absoluta para decidir inapelablemente a favor de los patrones y las transnacionales que explotan el suelo y el subsuelo de la nación. Y es que, aparentando una relativa distancia e independencia de los grandes capitales, y una mayor autonomía y libertad para definir el rumbo económico y político del país, busca profundizar la política entreguista. Nada tiene que ver con medidas de corte bonapartista sui géneris donde el gobierno ofrece cierta resistencia al capital extranjero y se apoya para eso y en cierta medida en la clase obrera, pues el objetivo de la reforma a la Ley de Amparo busca, en última estancia, un mayor poder de la rectoría del estado (en realidad, un fortalecimiento extralimitado del presidente), no para “arbitrear” entre las clases, sino para mejor poder servir a la burguesía. Donde la argumentación de jerarquizar “el interés legítimo” por encima del “interés jurídico” muestran su falsedad si se lo aplica a los casos en que, mediante amparo, varios movimientos populares habían logrado la suspensión (momentánea) de las acciones depredadoras de las transnacionales en algunas comunidades como en Wirikuta y San Javier (lo que les permitía frenar momentáneamente las acciones de esas compañías), pero ahora, al desaparecer la figura de “suspensión provisional”, pese a que las comunidades demuestren tener razón en sus demandas, continuará la explotación de suelos, aguas, minas, bosques., etc., por las transnacionales o concesionarias, sin impedimento legal por encima de la decisión presidencial.

De esta forma, es evidente que uno de los objetivos de esta medida es dar mayores instrumentos legales al estado para avasallar los derechos democráticos y sociales de las masas.

Es por lo tanto, una medida de carácter totalitario encaminada a fortalecer enormemente el poder presidencial, sobre todo cuando el regreso del PRI se basa en un proyecto para aplicar grandes transformaciones estructurales que buscan modificar sustancialmente la relación de fuerza entre las clase a favor de la clase dominante (la misma que le allanó el camino al octogenario partido para su regreso a la presidencia). Pues, aunque formalmente la reforma a la ley de amparo limita algunas garantías a la burguesía, es una medida para poder decidir totalmente a su favor cuando sea necesario, ya que ni el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán echar abajo las decisiones de la presidencia legitimadas constitucionalmente.

En este sentido, estas atribuciones constitucionales son un fortalecimiento del presidente mediante un poder ilimitado que, en un sentido, prefigura un presidencialismo que busca más “legitimidad” que el priato, pues aquel se apoyaba más en la fuerza mayoritaria que le daba el “corporativismo” de los sectores sociales, y en el rol hegemónico del PRI en un sistema político donde el “partido de la revolución” dominaba absolutamente en las dos Cámaras, bajo un sistema político que contenía al régimen y gobierno al mismo tiempo (combinando cooptación con represión).

Por lo que esta nueva ley debemos verla como parte de una serie de reformas a la Constitución (como la reforma laboral, la reforma educativa, y la de Seguridad, de telecomunicaciones y la fiscal que pronto se discutirán en el Congreso), que tienden a utilizar de manera reaccionaria las instituciones cobijadas por la alternancia para imponer planes de barbarie sobre la población trabajadora. Es un fortalecimiento del presidencialismo, a la vez que se mantiene el rol del Congreso como una de las instituciones claves del régimen, al mismo tiempo que el gobierno priista cuenta con mayores márgenes para sus planes de conservar la presidencia por varias décadas. Indudablemente, es una nueva etapa del PRI donde veremos cambios estructurales que profundizarán entrega de lo que queda de soberanía nacional bajo una mayor subordinación del país al imperialismo. La reforma a sus estatutos que prohibían votar cualquier ley que posibilitara la privatización de PEMEX, es parte de esta orientación. En eso reside su carácter de “nuevo “PRI.

Autoritarismo y centralización de la dirección del PRI

El autoritarismo del PRI pasa hoy por la reconfiguración del poder priísta para fortalecerse como partido del poder y perpetuarse por décadas, reconfiguración que sólo puede ser con las formas del partido hegemónico que existió desde la institucionalización de la revolución con Calles y la creación del PNR en 1929. En un sentido, es la recuperación de la vieja estructura interna que le funcionó 70 años (que después del 2000 quedó desgastada), pero ahora con una política más abierta al juego interpartidista de negociación y cooptación. Con esta estrategia, la cúpula dirigente del PRI, basada fundamentalmente en grupo Atlacomulco y el de los ex gobernadores de Hidalgo, buscan también reorganizar al partido dado que durante el tiempo que perdió la presidencia del país, perdió también la centralización de su estructura nacional, pues el poder presidencial quedó disgregado originando la feudalización del partido dando más fuerza y protagonismo propio a los gobernadores que fortalecieron sus grupos dentro del PRI. Y es que ya no existía la contención política vía la gran centralización presidencial y el control de los cacicazgos regionales mediante el dinero de la federación.

Esta nueva concentración del poder presidencial priísta es negociada a lo interno del tricolor donde Peña Nieto que, todavía no cuenta con la fuerza interna que tuvieron el salinismo y el zedillismo ante de perder el PRI la presidencia (además de asumir el gobierno con una cuestionada votación del 19 por ciento del total nacional y sin la mayoría en ninguna de las dos cámaras), tiene que construir acuerdos con los poderosos grupos de PRI como se vio recientemente en la designación del candidato a gobernador en baja California Norte y las negociaciones con Han Ronk. Ya la división interna (principalmente por la disputa por posiciones en los procesos electorales) había provocado la salida de Monreal en Aguascalientes, de Gabino Cue en Oaxaca, Mario López Valdez [“Malova]” en Sinaloa), etc. restándole gubernaturas a tricolor.

Es una reorganización de la estructura del PRI y una recomposición del liderazgo presidencial que pasa por la reestructuración del PRI y una mayor centralización de la fuerza nacional de este partido para llegar bien posicionados a las elecciones presidenciales del 2018. A este fin obedece la reducción del Consejo Político Nacional en casi un 50 por ciento acordada esta semana, donde también se busca un mayor control del partido por los hombres del presidente, es decir, que se reforzará la subordinación del partido al gobierno; contrario a la -nunca llevada hasta el final- “sana distancia de Zedillo”. Esto, aunque provoque débiles disidencias que, por ahora, la relación de fuerzas no les permita a los disidentes formar agrupamientos o romper.
El reciente espaldarazo de la CTM y dcl gánster Gamboa Pacoe a Peña Nieto, es parte de este reposicionamiento y fortalecimiento del proyecto de la nueva cúpula del PRI necesario para hacer pasa todas las reformas contra los trabajadores sin que el descontento obrero se desborde.

Al mismo tiempo, esta centralización es elemental para avanzar hacia afuera con una política de relaciones más cercanas con los demás partidos (de “unidad nacional”) como lo expresa el “Pacto por México”. Sobre todo, en un momento donde el estado muestra signos de debilidad y descomposición y requiere de la unidad de la burguesía y sus partidos.

Nunca como hoy, los secretarios de Gobernación y Hacienda (con atribuciones poco usuales en el sistema político mexicano) desempeñaron un rol de organizadores y operadores políticos como lo estamos viendo. Viéndolo más ampliamente, los cambios en la conformación política del partido presidencial son la base para el proyecto de estado del “nuevo PRI” que requiere de mayor consenso burgués con el PAN, el PRD y otras fuerzas políticas en un marco de mayor derechización del Congreso, que es el objetivo del “Pacto por México”. En esto consiste en gran parte los planes del “nuevo” PRI.

De esta manera el PRI sienta las bases para la defensa transformaciones económicas y políticas que demanda la economía globalizada y el neoliberalismo. Para ello necesita un gobierno fuerte para imponerse, y no tardará en proponer otra vez la reforma a la Ley de Seguridad, toda vez que ya empezó a echar a andar la Gendarmería Nacional. Así, el régimen de la alternancia muestra sus rasgos autoritarios y una política de contención del descontento obrero y popular.

Un régimen antidemocrático contra las masas trabajadoras

La clase trabajadora, las organizaciones obreras y democráticas, tienen la tarea de enfrentar al gobierno y al régimen de la alternancia que fue pactado para imponerse contra los trabajadores mediante Los partidos del Congreso que, una vez que cada uno de ellos se desgaste (o entre en crisis), se alternarán el poder y la administración de los planes patronales e imperialistas. De esa manera resolvió la clase dominante la crisis terminal del régimen del priato, y ahora, con el “Pacto por ´México” el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM pretenden fortalecer el antidemocrático y patronal régimen de partidos. A su vez, AMLO y el Morena criticando los aspectos más abiertamente reaccionarios de los planes del régimen y ubicándose en ese sentido a la “izquierda” de éste, mantienen su estrategia política de “humanizar” y reformar este régimen de “democracia de los ricos”. Como si esa fuera la opción para los millones de desempleados; para la joven clase obrera precarizada; para los muertos y desaparecidos por la guerra contra el narco -iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto-, la antidemocracia y la militarización del país; la falta de tierra a los campesinos y la entrega al imperialismo. Es decir, esta barbarie capitalista, no se resuelve perfeccionando la democracia burguesa, la república de los explotadores y sus instituciones.

Po eso, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, en el 2000 advertíamos contra los sectores de centroizquierda y de la izquierda electoralista que se reclama “revolucionaria”, que no había transición a la democracia (que hasta el sub comandante Marcos revindicaba). Decíamos que la transición era una política que resolvía la crisis terminal del régimen bajo una salida reaccionaria e institucional: castigar al PRI en las urnas para elegir otro partido patronal como el PAN con toda la antidemocracia y miseria que ya vimos con dos sexenios panistas de alternancia. Que había que echar el régimen y al gobierno con la movilización independiente, sin confiar en ninguna opción burguesa (como el terrateniente Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD) o en una dirección “reformista armada” anti-obrera (como el EZLN). Que el movimiento obrero y popular debía levantar un programa que llamara la alianza revolucionaria de obreros y campesinos para echar abajo las instituciones reaccionarias, romper los compromisos con el imperialismo (como el TLC y el pago de la deuda externa, entre otros), y resolver las demandas históricas de los campesinos pobres y la clase trabajadora.

Ante el autoritarismo del “nuevo” PRI y los acuerdos reaccionarios del “Pacto por México”, igual que ayer, sigue planteado retomar la lucha contra el PRI y el régimen de partidos servil del imperialismo. Para eso es fundamental que la clase obrera se ponga al frente y encabece la movilización independiente del conjunto de los explotados y oprimidos. Ante las opciones patronales que solo buscan “humanizar “la explotación capitalista, los trabajadores del campo y la ciudad debemos crear un partido revolucionario que luche por una República Obrera y Socialista basada en la más amplia democracia directa de los explotados y oprimidos.