MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

El pasado 5 de agosto, fue ejecutado el migrante mexicano José Medellín en Huntsville (Texas) después de ser rechazada la solicitud del reo para que se le conmutara la pena de muerte por parte de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Fue en 1994 cuando se condenó a José Medellín a la pena de muerte, al ser juzgado por violación y muerte a dos adolescentes.

Este caso despertó nuevamente el debate alrededor de esta vengativa forma de «hacer justicia» que la democracia burguesa norteamericana practica en 36 de sus 50 estados. Es de resaltar que el 80% de las ejecuciones se han aplicado en el sur del país, donde se concentra la mayor parte de la población afroamericana e hispana. El carácter racista de esta medida que, incluso diferentes organismos internacionales de derechos humanos repudian como una herencia de la esclavitud negra, da muestra del lugar que ocupan las minorías en este país.

Victimas y victimarios

Actualmente existen en EEUU 37.9 millones de migrantes (indocumentados y legalizados), los cuales son una parte importante de la fuerza de trabajo sobre la que se basa la generación de la riqueza capitalista. La mayoría de ellos ocupan los empleos más precarizados y, es esta condición laboral, así como la actitud racista del gobierno de los EE.UU., lo que lleva a muchos emigrantes, legales o indocumentados, a condiciones de vida difíciles y marginales. Casos como el de Medellín, son presentados como «muestra» del carácter violento de los migrantes, criminalizados por parte del sistema mediático, educacional y legal, etiquetándolos como ciudadanos de segunda clase.

También, dentro de la propia clase obrera estadounidense y de los sectores populares, hay fuertes prejuicios racistas, alentados por el gobierno y la clase dominante. Estas formas racistas de división dentro de la clase trabajadora, son una traba para la unidad de la clase obrera en EEUU.

El asesinato legitimado como «justicia»

El sistema legal de EEUU, como el de cualquier democracia burguesa, esta caracterizado por estos mecanismos de exclusión y control, siendo su razón principal la defensa de los intereses de las clases dominantes. La pena de muerte, sin embargo, expresa un método especial de castigo, que, además de los EE.UU., sólo se aplica en países semicoloniales muy atrasados. Desde su reincorporación al sistema judicial en 1976, ha acumulado 1120 ejecuciones y están en espera más de 3000 condenados a esta pena. Se aplica en cargos de asesinato «a sangre fría», pero la realidad es que los factores decisivos para ser o no ejecutado tienen origen en la condición social de los acusados.

La gran mayoría de los condenados provienen de los sectores populares.

Los costos de una defensa propia por parte de un «abogado de defensa» superan las posibilidades de la mayoría de los acusados. Y son pocos los casos que atraen cierta atención de los medios de comunicación para lograr la presión de organismos internacionales. En el caso de los emigrantes, como por ejemplo José Medellín, ni siquiera esta presión pudo detener la ejecución. Ligado a lo económico-social, el racismo juega un importante rol en la resolución de los casos. La cantidad de condenados afroamericanos, hispanos y blancos es similar, pero destaca el origen de las victimas: en la mayoría de los casos, los asesinatos a blancos están condenados, mientras los asesinatos a integrantes de minorías étnicas quedan impunes. (Ningún policía asesino de negros o emigrantes, ha sido condenado a muerte por ese delito). En el estado de Texas se da el 50% de las ejecuciones, y Bush es conocido como «the henker» (verdugo).

Una pena contra los luchadores sociales

Históricamente, la pena de muerte ha servido a la burguesía norteamericana para matar a activistas del movimiento afroamericanos, de izquierda y del movimiento obrero. En 1887 condenan a muerte y ahorcan a varios trabajadores en Texas que lucharon por la semana laboral de 40 horas y, en la presidencia de Mc Carthy, fueron condenadas varias personas acusadas de «comunismo» y activistas del BPP (Black Peoples Power). O, como Mumia Abu-Jamal, periodista y escritor afro-americano, que lleva más de 24 años en prisión, condenado a muerte por el asesinato de un policía en un juicio racista e injusto. Aunque la evidencia comprueba su inocencia y un juez ha revocado su sentencia, sigue en el corredor de la muerte del estado de Pensylvania. Estos son ejemplos de como la pena de muerte es una herramienta para atemorizar a los luchadores sociales.

Organismos y gobiernos imperialistas repudiaron la pena de muerte, lo que llevó a los EEUU a reformar algunos métodos para amedrentar a la clase trabajadora y precarizada del país. Pero no la ha quitado, y sigue aplicando métodos de tortura en Irak, en la prisión Abu Graheb o Guantánamo.

Esto demuestra el carácter profundamente antidemocrático y reaccionario de la democracia norteamericana. Hay que luchar por la abolición de la pena de muerte bajo el capitalismo, y contra la criminalización de las minorías étnicas. Al mismo tiempo que impulsamos esa lucha, hay que destacar, que la democracia burguesa yanqui no acabará con la opresión económica, social y legal de las clases populares. El sistema legal, bajo el capitalismo, seguirá siendo injusto para las grandes masas. Las demandas democráticas más elementales y la lucha contra la opresión de las minorías étnicas debe ser adoptada por los trabajadores norteamericanos; la única forma de resolverlas hasta el final es bajo una perspectiva revolucionaria, basada en la acción unificada de todos los trabajadores (blancos, negros y latinos) contra su propia burguesía.