Gran rebelión de los jornaleros de San Quintín

30 Mar 2015   |   comentários

Gran rebelión de los jornaleros de San Quintín
Desde hace más de una semana, unos 35 mil jornaleros en San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, mantienen un paro para exigir condiciones de trabajo dignas.
A ellos, hombres, mujeres, niños de diversas etnias se les quiso invisibilizar, pero su bronca contra la opresión, los salarios de miseria, el acoso sexual y violaciones, el hacinamiento y las condiciones infrahumanas que padecen, estalló en la madrugada del 17 de marzo.
Durante dos días controlaron toda la región del Valle de San Quintín. Bloquearon por más de 26 horas la carretera Transpeninsular en unos 50 puntos donde colocaron barricadas.
La respuesta gubernamental no tardó. Policías estatales, federales y elementos del ejército arremetieron contra los jornaleros, cuyo “delito” es exigir seguridad social y aumento de sueldo, que es de 120 pesos por día.
Militares y policías avanzaron contra los jornaleros, quienes resistieron el embate de balas de goma y gases lacrimógenos con piedras y palos. Como resultado de la represión, 200 trabajadores fueron detenidos, de los cuales 25 fueron consignados por el delito de “ataque a las vías generales de comunicación”.
El actual gobernador de Baja California, surgido de la alianza entre PAN, PRD y un partido local, sabía de la situación, más aún cuando numerosos funcionarios tienen propiedades en la zona. Desde 2014 recibió el pliego petitorio de los trabajadores agrícolas, pero apenas decidió darles 20 minutos de audiencia con el fin de apaciguarlos.
Millones para los patrones, miseria para los trabajadores
Las ganancias de las cosechas se cuentan por millones, en cuya base está la explotación de miles de trabajadores que laboran en la pizca desde niños. Varios propietarios de ranchos fueron o son funcionarios agrarios federales o locales. Otros son de origen extranjero.
Entre esos ranchos destacan Driscoll, trasnacional estadunidense; BerryMex, el mayor latifundio extranjero; Los Pinos, del ex secretario de Fomento Agropecuario de Baja California y compadre del ex presidente Felipe Calderón; Rancho Agrícola Camalú, de la familia Silva; Rancho Valladolid, propiedad de Manuel Valladolid Salmeadura, actual secretario tatal de Fomento Agropecuario; Rancho de los Hermanos García, de Camalú, y el Rancho Castañeda, propiedad de la familia del actual delegado municipal de Camalú, Juan Manuel Castañeda Cisneros.
En español y en sus lenguas maternas, los jornaleros gritan las consignas de su pliego petitorio, que hacen recordar los tiempos del porfiriato: “revocación del contrato colectivo de trabajo firmado por la CTM y la CROC con la asociación de agricultores, por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos; afiliación al IMSS; pago de prestaciones de ley; un día de descanso a la semana, jornada de ocho horas y pago de horas extras y días festivos conforme a la ley; aumento de salario; cese de la discriminación y maltratos; cese del acoso sexual a las mujeres por los capataces…”
Por el triunfo de los jornaleros de San Quintín
Este caso evidencia que nada bueno podemos esperar de los gobiernos y partidos políticos aliados de las empresas. La represión a los trabajadores de San Quintín es una muestra más de que en nuestra “democracia” se asesina, desaparece y reprime a los trabajadores que luchan. Es una muestra también que, al calor del descontento nacional, salen a luchar nuevos sectores oprimidos y explotados.
Los jornaleros agrícolas de Baja California están dando un gran ejemplo a la clase obrera mexicana y de otras latitudes sobre la necesidad de luchar y organizarse. Hay que rodearlos de solidaridad, los sindicatos que se reclaman opositores y las demás organizaciones políticas y populares deben impulsar acciones efectivas de apoyo a su lucha.









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