MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

• 

Desde Sinaloa
Elias Perez

El 26 de Febrero se realizaron manifestaciones en favor del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, contra su extradición y pidiendo su liberación en las ciudades de Guamuchil y Culiacán, en el estado de Sinaloa. Cerca de dos mil personas tanto de las ciudades mencionadas como de regiones rurales (municipio de Badiraguato) se dieron cita para mostrar su apoyo al líder del cartel de Sinaloa. Esto es síntoma del fenómeno social llamado “narcocultura” y va más allá del aspecto meramente ideológico del sinaloense.

Sinaloa, el estado que durante muchos años fue el principal productor agrícola de México, ha tenido una historia marcada por la pobreza, misma que se presenta de forma muy particular, al menos, en dos escenarios. Por un lado tenemos el contexto rural, donde las poblaciones serranas han padecido condiciones de pobreza extrema, producto del olvido y la indiferencia del Estado, sin acceso a educación y servicios de salud pública. Por otro lado se encuentran las poblaciones urbanas que residen en las periferias, cinturones de miseria donde las perspectivas por un futuro no incluyen a la educación como la vía a través de la que se llegue a una vida mejor.

Los grupos de narcotraficantes que operan en esas áreas, frente al olvido estatal, se presentan como redentores. Ante esta situación, son los narcotraficantes quienes han construido una base social sólida, son quienes lograron reducir los índices delictivos en la ciudad de Culiacán, mediante la impartición de justicia “a la narco” (ejecuciones a ladrones, robacoches, secuestradores, violadores, asesinos, etc.) limpiaban sus áreas de operación de otro tipo de delincuencia ajena, por ello las pancartas exhibidas planteaban “queremos libre al chapo, no queremos otra guerra”. Esta fue una táctica necesaria que les permitió a estos grupos conseguir cierta estabilidad social que requerían para operar efectivamente en Sinaloa y hacerse de un bastión. Así mismo han ofrecido alternativas de empleo y son percibidos por amplios sectores de la población sinaloense como hombres emprendedores (sobre todo como inversionistas en el sector terciario). Incluso durante el desastre natural del huracán Manuel fueron estos grupos quienes llevaron a cabo planes de ayuda en algunas de las zonas afectadas, donde el gobierno del Estado se preocupó más por cumplir con el protocolo de la visita de Enrique Peña Nieto.

Para pensar este fenómeno social debemos darnos cuenta que el cártel de Sinaloa no habría logrado consolidar su dominación en el llamado cuadrilátero de oro sólo mediante la violencia armada. Necesitó de un soporte social que ha logrado gracias a las funciones que al estado no le interesa llevar a cabo. A través de esta situación se facilita que el cartel construya redes clientelares que involucran a amplios sectores de la población en sus actividades criminales y propagandísticas (como en los fenómenos que observamos actualmente), creando así una base social que le ha permitido, en buena medida, ser una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

De igual forma debemos considerar a los grandes capos, como un sector que aspira a convertirse en burguesía, en este caso por la vía de negocios ilegales.

Si el Estado es de clase, analizar el fenómeno del narcotráfico nos lleva a la confirmación de dicha tesis. No es ningún secreto que estos grupos que quieren ser parte de la burguesía han logrado situar en puestos del aparato estatal a sus administradores, a la vez que en otras ocasiones rinden cuentas y sirven como brazos ejecutores de operaciones que son orquestadas desde las élites políticas del Estado (estas operaciones van desde el patrocinio de campañas electorales hasta el asesinato de periodistas y activistas). Así mismo las distintas corporaciones que conforman el aparato represor de estado se han puesto a disposición de sus intereses. Para pelear plazas contra cárteles enemigos o para proteger estas mismas plazas una vez que el ejercicio del poder por parte del cártel se ha consolidado en determinado lugar. Se confirma así, el nivel de asociación que existe entre los grandes capos y las instituciones estatales.

En un plano más general es importante mencionar también que esta política de supuesto combate al narcotráfico se enmarca en un proyecto imperialista denominado plan Mérida, donde lo que se busca de fondo es salvaguardar el futuro de los intereses económicos de las burguesías nacionales pero sobre todo las extranjeras. El inicio de la famosa guerra contra el narco, impulsada desde el sexenio calderonista, coincide con el principio de una escalada de propuestas políticas neoliberales que se vienen concretando con el montón de reformas que se han aprobado con la llegada de Enrique Peña Nieto. El militarismo tiene un fin represor.

Debemos señalar a su vez un detalle fundamental: las capturas de los capos aprendidos en esta guerra han desempeñado más que nada una función propagandística puesto que las redes, las estructuras de los cárteles siguen intactas, además de que las condiciones (pobreza, falta de empleo, falta de educación, encarecimiento de la vida, etc.) que alimentan a las organizaciones de narcotraficantes lejos de mejorar siguen empeorando. Por esto ha quedado más que demostrado lo fallido de la estrategia militarista para confrontar al crimen organizado. Reiteramos que la detención del capo Joaquín Guzmán Loera no es otra cosa que una estrategia de propaganda, puesto que la estructura criminal sigue intacta, que sus redes financieras siguen operando y, sobre todo, que la red de corrupción en el aparato político-estatal tanto sinaloense como nacional no se ha puesto al descubierto ni será evidenciada, mucho menos será desarticulado; se protegerán, ya que el fenómeno del narcotráfico se sostiene gracias a la complicidad del Estado y de la llamada iniciativa privada: tanto políticos como empresarios, así como la burguesía financiera tienen sus manos manchadas de sangre, han invertido en el negocio o lo han apoyado mediante el lavado de dinero.

El fenómeno social que observamos con estas manifestaciones no debe ser analizado desde un punto de vista idealista, donde simplemente lancemos calificativos contra los sujetos que en ellas participan. Debemos ver estos fenómenos en el seno de las contradicciones inherentes al sistema capitalista, mismas que comenzaron a agudizarse desde el inicio del año dos mil y que hoy en día se encuentran en determinado momento de clímax ya que el Estado mexicano se ha dedicado a ejecutar y administrar iniciativas burguesas que no han hecho otra cosa que someter a millones de persona a la miseria, orillándoles a condiciones materiales de existencia deplorables, donde la única alternativa para llevar una vida digna es incorporarse a las filas del narcotráfico.

Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas proponemos otra política, una que haga frente a la política de militarización del país que ha dejado más de 100 mil muertos, cerca de 30 mil desaparecido, el incremento del feminicidio y la aparición de otros fenómenos como el juvenicidio, el secuestro masivo de migrantes, etc. Por ello, exigimos el fin de la militarización del país y la legalización de las drogas que evitaría que se criminalizase a la juventud y los consumidores y desarmaría el falso discurso de “guerra contra el narcotráfico”. Al mismo tiempo exigimos que se expropie la riqueza y propiedades de los grandes cárteles de la droga para desbaratar su poder financiero, traducido en poder político. ¡Alto al militarismo!

Pero también, ante la crisis económica y social (inherente al capitalismo) que produce estos fenómenos nuestro programa plantea una lucha por los trabajadores, donde se garantice que su ingreso salarial se actualice de acuerdo a la inflación y se protejan sus derechos laborales, luchamos contra la desocupación, planteando porque las horas de trabajo sean repartidas entre todas las manos disponibles sin reducción salarial, a costa de las ganancias patronales. Para los jóvenes proponemos el acceso universal a educación pública así como poner un freno a las tendencias privatizadoras en este rubro y exigiendo el aumento del presupuesto, garantizado con el no pago de la deuda externa y el aumento gradual de impuestos a los grandes capitales. Frente al narco y la barbarie que ha desatado el militarismo, sostenemos que los obreros, en alianza con los campesinos pobres, son los únicos que pueden garantizar su propia seguridad, a través de consejos y brigadas organizadas desde abajo. Es una propuesta de carácter político-militar, solo las clases oprimidas, mediante su organización armada podrá hacer frente a las amenazas que representan los grupos criminales cuyas filas son compuestas de lumpens.

Como hizo Emiliano Zapata a inicios del siglo XX, el MTS es un movimiento que lucha por los intereses de las mayorías campesinas pobres y los grupos indígenas en nuestro país. La desesperación en que se encuentran estos sectores, producto de las condiciones materiales de existencia en que viven, los convierte más fácilmente en instrumentos al servicio de estos grupos delictivos. Además, son estas condiciones las que permiten que en determinados momentos sean estos grupos la base social que apoya a algunos narcotraficantes. Por esto, planteamos como parte de nuestros objetivos, llevar la obra de Zapata hasta el final, por expropiación de la tierra en manos de los grandes propietarios y hoy en día las agroindustrias para repartirlas entre el campesinado pobre, ello a través de una alianza que se construya con la clase obrera, la base social que mueve los principales resortes de la economía del país.