Calderón: Militarización y represión contra los trabajadores y el pueblo

31 Jan 2007   |   comentários

Con el exorbitante aumento en el precio de la tortilla y otros productos de la canasta básica se muestra ante el pueblo trabajador el carácter antiobrero y antipopular del nuevo gobierno. Estos aumentos generaron una indignación generalizada entre la población y cayó como un balde de agua fría al optimismo del Calderón, que un día después de vanagloriarse por la “paz” y el “orden” que supuestamente imperan en el país, debió reconocer que habrá tiempos adversos para su gobierno.
Es que podemos estar al principio de una escalada inflacionaria (aumento de precios), que junto a una mayor caída en los precios del petróleo (que podría implicaría un recorte presupuestal en el segundo trimestre), pone en riesgo la llamada “estabilidad macroeconómica” de la que tanto se jactó el foxismo.

Después del breve periodo de exitismo patronal de fines del año pasado, una «desaceleración» económica y sus consecuencias sobre el pueblo trabajador, puede ser un catalizador del descontento social que se manifestó durante el sexenio foxista. Porque además de la terrible carestía de la vida y de la devaluación del salario que ya se padece, buscarán descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo con las llamadas «reformas estructurales» por las que claman el imperialismo y los patrones (como la reforma laboral, cuyo primer anticipo es el antiobrero programa de primer empleo; o el avance en la privatización del sector energético). Aunque la perspectiva de una crisis económica generalizada (como la de 1995) no se concrete, seguramente durante el próximo periodo habrá un empeoramiento sustancial en las condiciones de vida de las masas populares, acompañado de un salto en la subordinación y entrega del país al imperialismo.

El gobierno de Calderón: un salto en la represión y militarización del país

En su primer mes de gobierno Calderón quiso ponerse a la ofensiva ante la opinión pública con sus operativos militares contra el narcotráfico, al grado de sentirse “contento y satisfecho” (como él mismo dijo) luego del “sombrío y desalentador” panorama que había cuando asumió el mandato. Este precario fortalecimiento del gobierno pudo lograrse gracias al apoyo que recibió de los partidos del Congreso con el acuerdo sobre la aprobación del presupuesto. Esto demostró que el Congreso seguirá siendo una institución fundamental del régimen para la obtención de “consensos” contra los intereses de los trabajadores y el pueblo.
Esta campaña de militarización (que viola los derechos democráticos de las mayorías) va de la mano de la continuidad de la represión contra las movilizaciones de los trabajadores y sectores populares, como se ve en Oaxaca. Donde mientras cientos de compañeros continúan en las cárceles del tirano Ulises Ruiz (como por ejemplo el estudiante de la UNAM Cristian Marcel Cebolledo), quienes se movilizan combativamente para exigir su liberación son reprimidos y detenidos, así como los defensores de derechos humanos, que son amenazados y perseguidos.
Lo que se busca con la campaña anti-narcotráfico en realidad es fortalecer la institución presidencial, deslegitimada por el fraude electoral, y legitimar la participación de los militares en labores policíacas, preparando el terreno para que repriman futuras movilizaciones. Como ya ensayaron en Oaxaca con la Policía Federal Preventiva, donde los militares vestidos de gris cometieron atrocidades sólo comparables a las de un gobierno dictatorial. Para esto necesitan que una institución desprestigiada por su participación en la masacre del 68’, la guerra sucia de los 70’s y la ofensiva contra el EZLN en los 90’s, goce de mayor simpatía entre los sectores medios y altos que claman por mayor seguridad.

Y es que los patrones y sus políticos saben bien que, aunque hayan golpeado duramente a la APPO y el pueblo oaxaqueño (que a pesar de eso busca ponerse en pie nuevamente), difícilmente evitarán que surjan nuevas luchas de los trabajadores. Y es que, aunque el gobierno quiera aparecer fortalecido, su deslegitimación producto del fraude continúa. Y el descontento con el ataque al bolsillo de los trabajadores, junto al ejemplo de Oaxaca, Sicartsa y la lucha antifraude, puede empujar a nuevos sectores de trabajadores a salir a las calles. Con la militarización de distintas zonas del país, el Estado de los patrones se prepara para enfrentar nuevas luchas obreras y populares.
Sin embargo, esta política tiene muchos límites. Todo el mundo sabe que las fuerzas armadas están infiltradas hasta la médula por el narcotráfico, en el que también están involucradas las altas esferas del poder político en el país. Por ello, más allá de la reciente captura de varios capos, con su consecuente repercusión mediática (como la extradición de los capos apresados a EEUU,
que mostró también la subordinación al imperialismo), difícilmente pueden esperarse resultados que reviertan este síntoma de descomposición del estado. Además, aunque esta campaña es bien vista por el empresariado y sectores acomodados de las clases medias, la militarización del país y la cercanía del presidente con los militares será vista por amplios sectores de la población como una más de sus políticas antipopulares.
Lamentablemente, el PRD que se dice ser un partido “democrático” y estar en contra de la represión, ha avalado este accionar, como mostró el gobernador Lázaro Cárdenas acompañando al presidente en Michoacán al inicio de los operativos. Esto demuestra que, lejos de lo que sostienen aquellos que pretenden que hay un antagonismo absoluto entre el Frente Amplio Progresista (PRD-PT-Convergencia) y el bloque PRI-PAN, todos tienen acuerdo en fortalecer a las instituciones pilares del estado de los patrones, como el Congreso de la Unión y las fuerzas armadas.

Preparemos la más amplia movilización

Ante la creciente militarización y la continuidad de los ataques sobre los movimientos populares y sociales, hay que impulsar la lucha contra la represión y en defensa de las libertades democráticas, desarrollando un movimiento nacional en solidaridad con los luchadores de la Comuna de Oaxaca, por la libertad de los presos políticos de Atenco, Oaxaca y todo el país, y por la reaparición de los desaparecidos, entre otras demandas.
Para esto es fundamental impulsar una Coordinadora Nacional contra la Represión, desarrollando comités en los centros de trabajo, colonias y escuelas (como por ejemplo el Comité de Familiares y amigos de Cristian Cebolledo, del cual forma parte la LTS-CC), integrando al mismo a corrientes de los trabajadores, a colectivos estudiantiles y organizaciones populares y democráticas.
Es fundamental que esta coordinadora sea impulsada por los sindicatos que se dicen democráticos y opositores, como por ejemplo el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los sindicatos que conforman la UNT, las organizaciones que integran la APPO, así como “La Otra Campaña” liderada por el EZLN, y también por la LIMEDH (Liga Mexicana por los Derechos Humanos) y el conjunto de las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos.
De igual forma, hay que llamar al conjunto de las organizaciones que se reclaman democráticas (como las que integran la CND) a que se hagan parte de esta tarea, pronunciándose claramente contra la represión y la militarización del país y denunciando cualquier apoyo o complicidad con la política represiva (como la que llevan adelante sectores del PRD).
Desde la LTS-CC, impulsamos el más amplio frente contra la represión y la militarización, al mismo tiempo que proponemos un programa radical que luche por la disolución de las fuerzas represivas del estado, y por la autoorganización y la autodefensa de las masas trabajadoras y populares.
En los próximos meses, la tarea fundamental que tenemos por delante es forjar una sólida alianza obrera, campesina y popular en las calles para enfrentar la represión y liberar a los presos políticos, junto a combatir la carestía de la vida y las “reformas estructurales” en marcha. La desmovilización del multitudinario movimiento antifraude mostró que no se puede confiar en las instituciones. Por eso es necesaria una perspectiva independiente, sin confiar en las instituciones y en los partidos “opositores” del congreso. Por eso hay que impulsar la lucha en torno a un programa común (como planteamos en otro articulo en estas páginas) que centralice sus reivindicaciones bajo una perspectiva que enfrente los planes de hambre y miseria del nuevo gobierno, donde el movimiento obrero y popular plantee una salida independiente ante la crisis.









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