MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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El 10 de octubre se cumple un año del decreto de extinción de Luz y Fuerza y el despido de sus 44 mil trabajadores, con la ocupación de sus instalaciones por la Policía Federal Preventiva. En este aniversario del inicio de la lucha, hay que sacar lecciones y proponer un camino a seguir para miles de electricistas que siguen luchando.
El hecho reciente más importante, sin duda es la asistencia de Martín Esparza, dirigente del SME, al V Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y tras una semana de duros cuestionamientos en la prensa por esta acción, respondió que su asistencia no se debió a un nuevo pacto político con el PRI, pues dijo, “somos institucionales y vamos a donde nos inviten".
Sin duda, esta acción es la cumbre de una política legalista y esperanzada en lograr pactos y treguas con el gobierno y en evitar la radicalización del movimiento con un pacifismo ajeno a las tradiciones de la clase trabajadora.
¿A quién se refiere Esparza cuando dice “somos institucionales”?, Porque parece imposible imaginar que puedan ser institucionales los miles de trabajadores desconocidos por el gobierno y los tribunales, desempleados desde hace un año, que se mantienen como pueden para seguir luchando. Son las instituciones de este régimen las que respondieron, una y otra vez, atacando a los electricistas y desconociendo sus derechos, como fue el caso de la Secretaria de Trabajo y Prevision Social, la Suprema Corte de Justicia y las fuerzas represivas del estado.

Sorprende que al dirigente Smeita le haya parecido “muy claro y objetivo” el informe, pues para él, “se dieron a conocer la mayor parte de los compromisos cumplidos con los mexiquenses”. Todo un lavado de cara para este patronal gobernador, dejando de lado que Peña Nieto gobierna el estado con mayor número de fábricas precarizadas, sin contratos colectivos, con sindicatos blancos, donde los trabajadores carecen de seguridad social y trabajan largas jornadas por encima de la ley, con un gran porcentaje de conflictos laborales que terminan derrotados por la alianza patronal con gobierno estatal y la CTM.
Peña Nieto hizo un llamado a los mexicanos, durante el informe, para “cambiar el rumbo y construir juntos el futuro del país”, Esparza calificó este llamado de “muy congruente por lo que está haciendo y lo que impulsa a hacer”. Estas afirmaciones son toda una aprobación, ante el prematuro proselitismo político, a favor del próximo candidato priísta, apadrinado por Televisa.
Pero, ¿cómo puede parecerle congruente el desempeño del gobernador que tiene a su cargo la administración estatal con mayor número de feminicidios del país; que dirige violentos operativos policíacos contra la juventud, disfrazados de lucha contra la delincuencia, con múltiples arbitrariedades; que bajo su gestión ordenó la represión a los pobladores de Atenco, cuya consecuencia fue la violación de decenas de mujeres y la aprehensión de sus principales líderes, y bajo sus tribunales se dictaron sentencias de más de 100 años de cárcel para estos luchadores sociales?
La decisión de ir al Informe de Peña Nieto muestra su intención de confraternizar y convalidar con su presencia a este partido antiobrero, que votó la liquidación de las jubilaciones en el IMSS, ISSSTE, los mismos que privatizaron los ferrocarriles, Telmex, la minería, la banca, etc.. Este partido que busca posicionarse para regresar a Los Pinos en el 2012, y continuar con los planes antiobreros que hoy impulsa Calderon. Es la cúspide de una política que desde el principio de la lucha llamó a confiar en las instituciones del régimen para dar salida al conflicto.
La actitud de Esparza representa un grave hecho para los trabajadores, pues la subordinación a los partidos patronales como el PRI, ha tenido nefastas consecuencias para el movimiento obrero.

Retomemos la lucha contra el gobierno, bajo el principio de unidad con independencia de clase

Hoy la distribución de la energía eléctrica en la Ciudad de México y el área metropolitana, están en manos de la Comisión Federal de Electricidad y con ello, el gobierno consolidó el despido de 44 mil trabajadores. La consecuencia es la perdida de su contrato colectivo e innumerables irregularidades se han impuesto a miles de usuarios. Altísimos cobros, explosiones y quema de transformadores e instalaciones eléctricas, cortes de luz, accidentes laborales para los trabajadores de CFE, son los costos inmediatos, sumado al intento de abrir las redes eléctricas a licitaciones privadas.
El avance del gobierno contra el SME muestra el envalentonamiento de Calderón y Lozano, para imponer su política reaccionaria y antidemocratica, también a los trabajadores mineros, al magisterio, los trabajadores de la salud y no se diga los sectores precarizados. Maniobran a su antojo la toma de nota y con ello el reconocimiento que debería ser ajeno al gobierno, de las organizaciones de los trabajadores.
El plan del gobierno, pasa por liquidar los sindicatos y las conquistas de los trabajadores, para imponer la nueva reforma laboral, que aumente la productividad y las ganancias empresariales a costa de mayor precarización, desempleo y la desaparición de la seguridad social.
Pero éste ataque no sólo abrió un camino reaccionario. También cambio el accionar político de los trabajadores del país, con un escenario donde miles de electricistas y sectores solidarios, comenzaron a pensar como luchar frente ala crisis económica y los planes patronales. Miles de electricistas, pensaban en la perspectiva de recuperar sus instalaciones y echar a la PFP de ellas. En la LTS, compartimos esta posibilidad y opinamos, desde recién emitido el decreto de extinción, que para alcanzarla era necesario que la dirección del SME, rompiera su alianza estratégica con el PRD. Esta alianza le impuso a esta lucha, una política pacifista y de presión a las instituciones, mismas que a la fecha se niegan a reconocer las demandas de lucha electricista. Impulsar una perspectiva de lucha independiente implicaba también una clara exigencia política a la dirección de la UNT, la cual lamentablemente se negó a impulsar una huelga general -que no se ve en México desde hace tantos años- para quebrar el plan del gobierno y con ello posicionar a los trabajadores para que siguieran luchando en mejores condiciones.

Un año después… sacar lección para seguir adelante

Mientras las grandes acciones de los trabajadores mostraron su combatividad y disposición a la lucha, la dirección siempre se apoyó en el PRD, PT y Convergencia como sus principales aliados, en vez de tener una política concreta para vincularse, a partir de un plan de lucha común, con los trabajadores organizados en los sindicatos de todo el país. La autoridad conquistada por el SME y el hecho de ser visto por millones de trabajadores como resistentes a la ofensiva del gobierno, lo convertía en un verdadero referente capaz de aglutinar en torno suyo a otros sectores obreros y populares. Era fundamental convocar a las demás organizaciones a realizar un paro nacional e impulsar la discusión y las decisiones de las asambleas de base del SME, y luchar por que la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, se transformara en una instancia representativa y democrática, basada en delegados de base de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares en lucha, era fundamental.
En vez de eso, desde el principio de la lucha, la dirección del SME mantuvo una estrategia de movilizar para presionar a las instituciones hacia una resolución que logre revertir el decreto. Se recurrió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y al Congreso, como objetivos centrales para llegar a la inconstitucionalidad, pero la resistencia civil y pacífica demostró su impotencia para llevar al triunfo a los compañeros. Al mismo tiempo, se negoció con el GDF para desmovilizar, como muestra de disposición ante el gobierno.

La dirección del SME evitó que las asambleas de los trabajadores fueran verdaderos órganos de decisión, y la ANRP, solo fue una tribuna para los discursos de los dirigentes, donde las bases de los sindicatos no tenían voz, aunque si lo tenían los representantes de partidos del Congreso como el PRD o el PT. Fue la dirección del sindicato la que comenzó a llamar provocadores a los trabajadores que desde abajo, cuestionaron su política pacifista y exigieron contundencia en las acciones, para preparar el camino hacia la recuperación de las instalaciones. En los hechos, no permitió las iniciativas que llevaran a los trabajadores a una radicalización, ni en las calles, ni en las ideas.
A la par que comenzó a acusar de traidores a los trabajadores que se liquidaran, cuando de lo que se trataba era de dar una política correcta capaz de convencer de la confianza en sus propias fuerzas. Y demostrarles así la importancia de forjar un camino de lucha independiente y unitaria, que el gobierno no pudiera quebrar, para lo cual era necesario no liquidarse como primer paso.

Hoy, a un año de lucha, ninguna de las instituciones del régimen dieron garantía de alcanzar una perspectiva favorable o al servicio de los trabajadores en lucha. Al contrario, la SCJN declaró constitucional el decreto de extinción de Luz y fuerza; para el gobierno y sus tribunales, la empresa ha desaparecido de la vida jurídica y únicamente la reconocen, para efectos de liquidación de los 16 mil trabajadores que no lo han hecho.
Esta situación, fue sembrando las bases del triunfo gubernamental que sufren los trabajadores del SME. El 25/Sep pasado, el abogado del SME, Carlos de Buen dijo que “no hay, hoy por hoy, posibilidad, en los juicios, de rescatar a LyFC, pero que hay la posibilidad de rescatar el trabajo para todos” refiriéndose a los electricistas que no se han liquidado. Aunque el contrato colectivo en la CFE, lo posee el SUTERM y actualmente la dirigencia del SME encabezada por Martín Esparza, no es reconocida, pues Javier Lozano, ha negado una vez más la toma de nota al sindicato. Así reconoció el sindicato, que la extinción es irreversible, aunque afirma que aún se puede luchar por que la CFE se asuma como patrón sustituto; lo cual lamentablemente fue su política desde el año pasado. Si los trabajadores hoy se ven obligados a aceptar esto, es como resultado de la política de la dirección.

La lucha emprendida por el SME hace un año y sus lecciones, son fundamentales para el futuro de los trabajadores del país. Esta lucha debe mostrarnos que frente a los ataques del gobierno es fundamental la organización democrática y desde las bases, para que los trabajadores en lucha decidan todos y cada uno de los pasos a dar, e impulsar una política centrada en la movilización, la masificación de la lucha y la independencia respecto a los partidos e instituciones de esta “democracia para ricos”, y en los métodos de lucha –como la huelga- de la clase trabajadora y así se podrá cambiar el destino de la clase trabajadora a su favor.
No es la primera vez, que las candidaturas de los dirigentes sindicales se ponen a disposición del PRD y AMLO. Hoy, el aval dado por Esparza a Peña Nieto, es la culminación de una historia de subordinación, de la cual han sido impulsores las direcciones sindicales que se reclaman opositoras. Frente a esto, es clave reforzar el camino independiente, confiando solo en las fuerzas de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad.