Editorial

27 May 2015   |   comentários

Editorial
Violencia e inestabilidad en el proceso electoral
Las últimas semanas han estado marcadas por una violencia reaccionaria que refleja la descomposición del régimen político mexicano y las consecuencias de la “guerra contra el narco” iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.
La reciente masacre de al menos 42 personas -presentadas por las autoridades como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación- a manos del ejército y la policía federal en Tanhuato, Michoacán, ya es considerada por muchos como una ejecución sumaria similar a la de Tlatlaya. Esto muestra que el gobierno de Peña Nieto intensifica el accionar de las fuerzas armadas al servicio de acrecentar un proceso de militarización, cuyas principales víctimas -desde el 2006 a la fecha- son los trabajadores y el pueblo pobre. La contracara de esto es la represión contra los sectores que luchan como los jornaleros de San Quintín y los padres de Ayotzinapa, mientras avanza la aplicación de las reformas estructurales.
La matanza de Tanhuato se da en un contexto de crecimiento del accionar del narco en distintos estados, luego de los bloqueos viales, incendios de gasolineras y el derribo de un helicóptero con 18 militares el 1° de mayo en Jalisco, atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación.
A medida que se aproximan las elecciones y mientras el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declara que “nuestro país no está en llamas”, se multiplican los escenarios de inestabilidad para el gobierno de Peña Nieto, de lo que también dan cuenta la violencia en Chilapa, Guerrero, el asesinato de candidatos o el control ejercido por el narco en Tamaulipas. ,
Economía a la baja
A pesar de las declaraciones optimistas de Peña Nieto y las expectativas puestas en los “beneficios” de las reformas estructurales, en días pasados el Banco de México y la Secretaría de Hacienda dieron a conocer ajustes a la baja en las perspectivas de crecimiento económico, ubicándolas entre 2 y 3% en el primer caso y entre 2.2 y 3.2% en el segundo, debido principalmente a la caída en los precios del petróleo y a un crecimiento más débil de lo esperado de la economía estadounidense.
Para la economía doméstica de las grandes mayorías, estas nuevas previsiones significan un empeoramiento en las condiciones de vida para el próximo periodo -como ya lo muestran los despidos en Volkswagen Puebla y el recorte a los derechos laborales de los telefonistas-, sumándose a la carestía, los bajos salarios, el trabajo precario, el desempleo, la creciente desigualdad social y el recorte al gasto público.
Lo anterior, mientras se destapan escandalosos casos de corrupción como el protagonizado recientemente por el gobierno del Estado de México para beneficiar a la empresa transnacional OHL.
El gobierno, los partidos tradicionales y las instituciones del régimen, que ven en las elecciones un medio para cerrar la crisis de representatividad abierta con las movilizaciones por Ayotzinapa, no tienen nada que ofrecer a los trabajadores, la juventud combativa y el pueblo pobre salvo barbarie, explotación, represión y desprecio, como el expresado recientemente por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, burlándose del dirigente indígena Hipólito Arriaga Pote.
Ocho meses después
A ocho meses de la trágica noche de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso continúa impune y sigue sin esclarecerse el paradero de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de la sensible disminución en las movilizaciones que recorrieron el país durante los últimos meses del 2014, el movimiento continúa vivo y se recrea en las distintas luchas obreras y populares a las que ha dado lugar, actuando como elemento unificador del descontento.
Con el poderoso empuje del movimiento por Ayotzinapa y frente a la aplicación de las reformas estructurales, la explotación extrema y la miseria, desde los primeros meses del año hemos visto la emergencia de nuevas luchas de los explotados y oprimidos, como la del magisterio en Baja California y Baja California Sur contra las consecuencias de la reforma educativa, la de los jornaleros de San Quintín por aumento salarial, derechos laborales y libertad sindical y la que viene encabezando la tribu yaqui contra el despojo y la rapacidad de la minería y los megaproyectos.
Aunado a lo anterior, distintos sectores de trabajadores industriales y de servicios han parado contra los despidos, por el pago de utilidades y mejores condiciones laborales, enfrentando y denunciando a la burocracia sindical, y la CNTE viene realizando importantes movilizaciones contra la reforma educativa e impulsando el boicot electoral.
Frente a la descomposición del régimen, la represión y el avance de los planes de hambre y miseria, es necesario desarrollar la organización, la solidaridad y las tendencias a la unidad de los distintos sectores en lucha con independencia de los partidos y las instituciones del régimen, preparando un paro coordinado para fortalecer y recomponer la movilización masiva de los meses previos.









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