MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Jimena Vergara

El lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Peña Nieto planteó que “están dadas las condiciones para aprovechar las capacidades tecnológicas y financieras del sector privado, necesarias para aumentar la producción, transformación y distribución nacional de energéticos”. La reforma energética redefine profundamente la relación de México con el imperialismo estadounidense.

Los hidrocarburos en manos de las trasnacionales

Peña Nieto sostuvo en el Palacio Nacional que “serán las empresas productivas del Estado y las privadas las que participen y compitan en los nuevos mercados energéticos generando beneficios directos a todos los consumidores”. Contradijo así la afirmación oficial de que la reforma no es privatizadora.

Para dar un ejemplo, la Ley de Hidrocarburos, una de las leyes secundarias de la reforma energética, en su artículo 36, fracción IV establece que “La Secretaría de Economía, a solicitud de la Secretaría [de Energía], emitirá su opinión sobre el porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en cada Contrato para la Exploración y Extracción, en un plazo de diez días hábiles. La Secretaría deberá observar que dichos porcentajes no generen ventajas indebidas que pudieran afectar la posición competitiva de Asignatarios o Contratistas”.

Así queda en evidencia que la Secretaría de Energía velará sin descanso por los intereses de los capitales privados, los asignatarios o contratistas de las exploración, extracción y explotación de los hidrocarburos. Son ellos quienes obtendrán el mayor porcentaje de utilidades.

El proyecto del PRI en el gobierno es que la planta productiva y tecnológica nacional sea dependiente del capital extranjero, concesionando el millonario negocio energético a las grandes trasnacionales como la Royal Dutch, la Exxon Mobile y la British Petroleum.

Agotamiento energético y daño ambiental

La mayor parte de las proyecciones apuntaban a que, produciendo 14,000 millones de barriles (reservas probadas), el petróleo mexicano se agotaría en una década a la actual tasa de extracción y reposición.

Al mismo tiempo, los daños ecológicos se radicalizan al concesionar los hidrocarburos al capital trasnacional, producto de la ya de por sí nociva industria petrolera que, sólo en los últimos años, ha producido derrames como el del Golfo de México en el pozo Macondo, concesionado justamente a la British Petroleum.

Además, la concesión de hidrocarburos no convencionales como el gas de esquisto o shale gas, permitirá el método de fractura hidráulica, ya denunciado por científicos, campesinos y organizaciones ambientalistas en todo el globo por su alto nivel contaminante del subsuelo y las masivas filtraciones de metano a la atmósfera.

Despojo

Diversas organizaciones campesinas, sindicales y populares han denunciado también que, con las leyes reglamentarias, grandes porciones de tierra y recursos naturales quedarán a merced de las trasnacionales.

Incluso bajo la nueva legislación, áreas ecológicas enteras podrán ser eliminadas bajo la supuesta forma jurídica de “interés social y orden público”. No hay más interés social que las ganancias del capital extranjero en la reforma, como se ha demostrado con creces en el caso de la industria minera que ha devenido en todo el país en el despojo de tierra a los campesinos pobres y pueblos originarios y la devastación ambiental.

La reforma constitucional en materia energética, sus leyes reglamentarias y el entramado de acuerdos con el imperialismo estadounidense como el Tratado de Libre Comercio o el Plan Mérida, violentan sin precedentes la soberanía nacional, profundizando el carácter cada vez más subordinado del capitalismo semicolonial mexicano.

¡Abajo la reforma energética y su reglamentación!

Para abrogar las leyes de la reforma energética e impedir su aplicación, es necesario que los trabajadores, en primer lugar de Pemex, sumen la demanda de impedir la entrega de los recursos energéticos a los capitales nacionales y extranjeros a las movilizaciones que se realizan en todo el país por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como parte de esta tarea, necesitan tirar a la burocracia sindical entreguista que avaló la reforma energética y la pérdida de conquistas laborales y sindicales.

Sólo los trabajadores organizados democráticamente desde la base pueden llevar a cabo la exploración, explotación y refinación de los hidrocarburos en forma racional –protegiendo el medio ambiente- y utilizar los ingresos obtenidos atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población mexicana: vivienda, educación, salud. Pero para esto es fundamental luchar por la renacionalización sin indemnización de todas las áreas entregadas al capital extranjero y ponerlas bajo su gestión.