MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

Nancy Cázares

El pasado 19 de julio falleció en Puebla el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, primera víctima letal de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida como “ley bala”, propuesta a principios de mayo de este año por el gobernador panista Rafael Moreno Valle y aprobada el mismo mes con el apoyo del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y partidos locales, además de contar con el aval de la CNDH. El Congreso de Puebla aseguró que la legislación incorporaba además criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la ONU.

La causa de muerte fue el grave daño que dejó como secuela el impacto de una bala de goma disparada por elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla durante el desalojo del plantón que mantenían en la autopista Puebla-Atlixco los pobladores de diversas comunidades en protesta por el retiro de la facultad del Registro Civil a las autoridades auxiliares, medida que ha generado un enorme descontento y manifestaciones de repudio en varios de los municipios más grandes del estado. Varias de estas movilizaciones han sido duramente reprimidas y han dejado un saldo de por lo menos veinte heridos –entre manifestantes y periodistas- y más de treinta ciudadanos detenidos.

Como consecuencia de la gran presión social que trajo consigo el fallecimiento del menor, el Gobierno de Puebla envió al Congreso una propuesta para derogar dicha ley, solicitando, empero, que se elabore una nueva norma en torno al mismo tema. Con esto, Moreno Valle intenta contener las protestas que ya han alcanzado otros estados y que solicitan entre sus demandas la renuncia del gobernador, pero deja la puerta abierta para próximas legislaciones que buscarán justificar jurídicamente la represión y que es ya una de las consecuencias de la derechización del régimen a nivel nacional.

Puebla fue también escenario de la escandalosa detención de los defensores de derechos humanos y de activistas que protestaban en contra de los megaproyectos en Morelos, Puebla y Tlaxcala, en abril de este año, además de los ataques del pasado 5 de agosto a las radios comunitarias de Zacatepec y Tlaxcalancingo, que fueron desmanteladas por miembros de la policía federal y representantes de IFETEL, con el argumento de estar violando la ley en detrimento de las empresas radiofónicas (cabe destacar que estas emisoras han dado cobertura a las manifestaciones en contra de los megaproyectos y a las movilizaciones en contra del retiro de las oficinas del registro civil de las juntas auxiliares del estado).

Contra esta política represiva que se expresa ahora más crudamente en Puebla, los trabajadores deben salir a movilizarse. Los de arriba quieren controlar el descontento que tiende a crecer en las calles. Tenemos que evitar que se generalice (como pretende hacer Pena Nieto al aprobar la ley secundaria energética que contempla la violación a los derechos humanos ante cualquier “alteración del orden público”) y se impongan represivas leyes de excepción.

El gobierno del DF (con el protocolo de actuación policial y el artículo 362), se hace parte de esta política para contener el descontento nacional por la aplicación de las reformas estructurales.