Por la disolución de las fuerzas represivas del estado burgués

16 Jul 2013   |   comentários

Las detenciones arbitrarias, como la sufrida por los expresos del 10 de junio, las desapariciones forzadas, la persecución política y la impunidad policial son moneda corriente en México. Las garras de las fuerzas represivas se despliegan sobre los jóvenes, los trabajadores, los campesinos y los indígenas que se animan a tomar las calles para luchar por sus derechos. Pero esto no es nuevo.

Una estrategia sistemática de represión militar y política fue dirigida en México por el PRI durante la guerra sucia, bajo los gobiernos priístas de Días Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo principalmente, en el intento por aniquilar la disidencia social que pudiera afectar los intereses del gobierno. Al menos 1,500 activistas fueron detenidos y desaparecidos en este período, según datos del grupo Eureka. Eran intelectuales, artistas, miembros de la guerrilla, dirigentes sociales que se enfrentaron con valentía al régimen del PRI. Pero la represión continúo durante los gobiernos del PAN: entre 2006 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo más de 5000 denuncias de personas extraviadas o ausentes. La Secretaría de Seguridad Pública registró más de 2000 casos de personas extraviadas o desaparecidas, mientras la Procuraduría General de la República registra más de 4,000 casos, y la Procuraduría General del D.F. registra más de 5,000 personas extraviadas en todo el país. Otras organizaciones, como el comité Cerezo, cifran en 10,000 los desaparecidos en el último sexenio(1). A esto se suman las desapariciones de miles de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia EE.UU. y nunca llegan allí. Entre los años 2000 y 2011, sumaron 74 los periodistas asesinados(2). Según el informe del Comité Cerezo “Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el pueblo”, además de las desapariciones forzadas, había 108 presos políticos cuya detención se realizó entre 1996 y 2010. Y están la represión en Atenco, la masacre de Acteal, la represión a la APPO, a los maestros michoacanos y oaxaqueños, y la lista parece no tener fin.

En nombre de la lucha contra el narcotráfico, por la defensa del Estado de derecho, exclaman los gobiernos de turno, ayer Calderón, hoy Peña Nieto. Ése es el accionar de las fuerzas represivas del estado, y de sus brazos paramilitares, que en cada país del mundo intentan aplastar la rebeldía, como vemos ahora en Brasil y Turquía, en Grecia, en el Estado Español, en Chile.
El Estado burgués necesita de la explotación de la amplia mayoría por una reducida minoría y, para poder garantizarla, hacen uso de la violencia y la represión. Todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de estos estados de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede tener, de acuerdo con las circunstancias, distintas modalidades.

Frente a esto, los socialistas luchamos por la disolución de todas las fuerzas represivas del estado. Estamos por la disolución del Cuerpo de Granaderos, instrumentador de la represión del 10/6 y de todas las fuerzas policiales y militares, así como por desmantelar el aparato de inteligencia y espionaje contra los que luchan. Para lograr eso hay que desarrollar la movilización revolucionaria de los explotados y oprimidos. A la par, luchamos por la autodefensa de los trabajadores y el pueblo, para que garanticen su propia seguridad y se eduquen para combatir por la derrota del Estado burgués y el desmantelamiento sus fuerzas. La autodefensa de los trabajadores, junto a la lucha por el trabajo, la vivienda, por salud y educación dignas para todos, como parte de una estrategia revolucionaria que luche por el poder político para los trabajadores y el pueblo, es la base para acabar con la violencia institucional resultado de la dominación capitalista y administrada por su Estado tanto para generar ganancias como para justificar su represión.

(1)Cifras citadas en José Olmos: “Sexenio de desaparecidos”, revista Proceso, 7 de marzo de 2012.
(2)Fernando Camacho y otros: “La cifra de periodistas asesinados en México de 2000 a la fecha llegó a 74”, La Jornada, 2 de septiembre de 2011.









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