La lucha contra la criminalización de la protesta social

02 Oct 2013   |   comentários

Andrés Aullet y Daniela González

Con el cierre de filas del régimen mexicano mediante el Pacto por México para avanzar en las reformas estructurales, el gobierno federal junto con el gobierno capitalino desalojaron con lujo de violencia el plantón magisterial el 13/9, con un gran despliegue de granaderos, y detuvieron a 31 manifestantes, que fueron liberados tras el pago de una caución.

Esto es continuidad de la represión del 1/12/2012, el 10/6 y el 1/9 de este año: la política del gobierno perredista ha sido acallar el descontento expresado y criminalizar la protesta social. El 1/9 el “super policía” Mancera hizo detener a 17 jóvenes. Todas las detenciones pasaron por alto los requisitos de la “legalidad” patronal, los detenidos fueron llevados a Ministerios públicos en zonas remotas del distrito Federal como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, contrario a todas las garantías individuales y derechos humanos de cualquier persona, como señala el artículo 16 de la propia constitución burguesa, así como todos los tratados internacionales de Derechos Humanos. La táctica del gobierno fue dividir la defensa legal e inhibir la presión política de denuncia de la represión, evitando con ello que el magisterio se movilizara y empalmara su lucha por la libertad de los detenidos. Los delitos –fabricados- de los cuales se les acusó a los detenidos fueron portación de objeto apto para agredir, ultrajes y resistencia de particulares a la autoridad. Los Ministerios Públicos maniobraron para obstaculizar la defensa de los detenidos, lo cual derivó en la consignación de 7 de ellos ante el juez 22 de delitos no graves y a su vez su traslado al reclusorio sur. Luego de pagarse una onerosa fianza por cada uno de ellos por la cantidad 126 mil pesos, fueron puestos en libertad. Sin embargo, el 9/9 pese a todas la pruebas que refutan la detención de los procesados el Juez dictó un auto de sujeción a proceso, es decir, determinó la probable responsabilidad de los detenidos por los delitos que fueron acusados, por lo que tendrán que enfrentar un proceso penal.
La defensa de la Liga de Abogados ha sido incondicional ante esta represión, y desde la LTS hemos puesto al servicio de la defensa de los presos políticos a nuestros abogados, porque consideramos clave luchar por la liberación incondicional y la absolución de todos los cargos de los presos políticos desde el 1/12/2012 de este gobierno represor.

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Es necesario también luchar por la más amplia unidad por la defensa y liberación de Alberto Patishtan –a quien acaban de negar la última instancia de amparo- y los maestros de la CNTE presos de Guerrero acusados de secuestro. Consideramos clave seguir manteniendo la denuncia de estos gobiernos que se dicen “democráticos” cuando por el contrario vienen aplicando con saña la represión, el protocolo de contención de control de multitudes, el delito de ataques a la paz pública, entre otros. Pensamos que quien no defiende a los presos políticos está en condiciones más difíciles para defender los derechos que nos están quitando como el de la educación, los derechos laborales y los recursos como el petróleo. Es necesario ampliar la campaña por la libertad de los presos y la denuncia, ya que la mera defensa legal sin movilización es insuficiente. Hemos demostrado que la combinación de estas medidas ha sido una importante arma de defensa contra la represión. Apelamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y de izquierda a mantener la guardia y a no permitir más este ataque a las libertades democráticas y a que se siga imponiendo la criminalización de la protesta social y a la juventud que está luchando junto a los trabajadores y en particular al magisterio.









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