MTS - Movimiento de los Trabajadores Socialistas

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Andrés Aullet, Liga de Abogados 1Dmx y representante legal del MTS

Las recientes reformas en los estados de Puebla y Chiapas que legitiman el uso de armas de fuego y “armas no letales” –respectivamente–, en contra manifestantes protesta social, muestran el carácter autoritario y represivo de esta democracia para ricos.

En el caso de Puebla la propuesta hecha por el Gobernador Moreno Valle contó el beneplácito de la comisión legislativa de Derechos Humanos, prisas, panistas y perredistas bajo el supuesto de “solo usarse en caso de que se ponga en peligro la vida de las personas o la autoridad.”

Por su parte el congreso chiapaneco a días del asesinato del profesor zapatista “Galeano” aprueba la iniciativa de ley del gobernador Manuel Velasco, que permite el uso de armas “no letales” para disuadir manifestaciones. Sin embargo ya vimos como el profesor Kuy Kendall falleció después de un profundo coma luego de que le fue disparada una granada de gas lacrimógeno directamente al rostro el 1° de diciembre de 2012 en las protestas contra Peña Nieto, lo que es un verdadero asesinato del Estado.
De conjunto es un gran salto en las medidas reaccionarias que vienen tomando estos gobiernos (sean encabezados por el PAN o el PRI), para criminalizar la protesta.

Ya en la capital hemos experimentado la represión del “democrático gobierno de izquierda”, primero con Ebrard y después con Mancera más recientemente en el Pueblo de San Bartolo. Este es un ataque profundo a las libertades democráticas, que refleja el grado de autoritarismo que se está viviendo en varios estados del país, al calor de la militarización iniciada con Calderón y mantenida por Peña Nieto. De esa manera pretenden garantizar la aplicación de los durísimos planes contra la población trabajadora.
Algunos de estos escenarios se expresan con la persecución a periodistas por parte del gobierno, como los de Veracruz que denunciaban la complicidad de bandas de narcotraficantes con las autoridades.

A los luchadores sociales y activistas se les encarcela por alzar la voz y se les imputan delitos como ataques a la paz pública y ultrajes, entre otros (propios de gobiernos dictatoriales) que se condenan hasta con más de 5 años de cárcel. Mientras tanto, los grandes responsables de las represiones del ‘68, la guerra sucia de los ‘70, y los asesinatos y desapariciones durante la alternancia siguen impunes. Ya no basta con castigar con cárcel la osadía de defender los derechos elementales, los recursos de las comunidades y alzar la voz, ahora se castiga con plomo y desaparición forzada.

Tras las reformas “estructurales” que recaerán sobre los trabajadores, los gobiernos federal y locales planean el control estricto de la sociedad con medidas legales de excepción como el aberrante delito de “ataques a la paz pública”.

La defensa de nuestros derechos y libertades civiles se realiza en las calles.